Un poco sobre contexto sobre la Ley Ómnibus que se está debatiendo en el Congreso, sus efectos sobre la cultura y la importancia del PVP para la industria del libro.
El 2024 comenzó con un enorme paquete de medidas por parte del presidente electo Javier Milei. Luego de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó más de 300 normas, el Poder Ejecutivo elevó el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también conocido como Ley Ómnibus.
El documento, que está siendo tratado en este momento en el Congreso de la Nación en sesiones extraordinarias, contempla múltiples iniciativas que afectarán de manera directa al ámbito de la cultura y que despertaron un masivo rechazo por parte de actores y referentes del área.
Entre ellas se encuentra la modificación de las leyes 17.741 de fomento a la actividad cinematográfica nacional -que implicará cambios en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)-, 26.801 de creación del Instituto Nacional de la Música (INAMU), y 23.351 de fomento y apoyo bibliotecas populares. Todas estas intervenciones resultarán en un desfinanciamiento y cambios en la gestión de los establecimientos.
También comprende la derogación de las normas 1.224 de fundación de Fondo Nacional de las Artes, 24.800 de creación del Instituto Nacional del Teatro, y 14.800 que implica que si alguien demuele un lugar donde había un teatro en la nueva construcción debe hacer una sala teatral igual a la que había.
Pero tal vez la que más repudio generó fue la anulación de la ley 25.542 de precio de uniforme de venta al público de libros (PVP) o de Defensa de la Actividad Librera, que establece que un ejemplar sale lo mismo en cualquier parte del país y que el máximo descuento que se le puede hacer es del 10%.
Esta disposición fue sancionada en noviembre de 2001, en respuesta al reclamo de toda la industria, y explica en parte que Argentina sea el país con más librerías por habitante de la región.
El PVP obliga a que sea el mismo editor o quien lo importó el que ponga el precio en función de sus costos. Si no existiera esta normativa las cadenas de supermercado o las grandes superficies podrían comprar un paquete de libros del autor, el título o la editorial más esperados y ponerlo a un precio muy bajo, porque tiene la espalda para hacerlo.
Las librerías de barrio y más pequeñas, que también necesitan vender estos best-sellers porque son los que atraen a más personas, no van a poder competir con esos valores y van a perder clientes. Y con el tiempo, cerrarán.
El supermercado primero va a ahorcar al pequeño comerciante y una vez que elimine la competencia y tenga el control del monopolio podrá poner el libro al precio que quiera.
Después de cerrar las librerías, van a cerrar esas editoriales independientes a las que estos comercios les daban lugar. Y sin editoriales independientes, tampoco habrá lugar para nuevos autores o aquellos sin renombre. Entonces el mercado va a quedar en manos de menos empresas, que son las que van a determinar qué títulos van a poder leer las personas. Con el cierre de librerías se pierden fuentes de trabajo pero también pierden los lectores.
ACTUALIZACIÓN: Al 2 de febrero, cuando se subió esta entrada, se había dado marcha atrás con la eliminación del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro, y se plantearon modificaciones sobre los artículos que afectaban al Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Biblioteca Populares (Conabip), aunque seguirán teniendo restricciones financieras y administrativas significativas.
