La Resolución 253/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo que se publicó ayer en el Boletín Oficial restituye una decisión tomada en 2010 que había sido derogada durante el Gobierno de Mauricio Macri.
El texto hace hincapié en el control de los niveles de plomo que incluyen ciertas tintas usadas en productos gráficos: “libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas (…) álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños».
«Se considera necesaria y conveniente la implementación de certificaciones de los productos alcanzados por las posiciones arancelarias 4901 (…) con el objeto de asegurar la protección de los derechos de los consumidores y establecer mecanismos de trazabilidad para control de la composición de los productos. (…) Dichas incorporaciones permitirán el establecimiento de estándares de producción y mejora de la competitividad para los productos que se fabrican y comercializan en el país», indica la Resolución firmada por la secretaria de Comercio Interior Paula Español.
Quienes deseen traer a la Argentina tiradas de más de 500 libros al mes tendrán que tramitar un certificado que asegure la presencia del nivel de plomo permitido en tinta.
Para algunos, lo que la Resolución intenta es proteger la industria local ante aquellos que imprimen en el exterior en lugar de hacerlo en el país. Para otros, es un golpe más al sector que ya de por sí afronta complicaciones económicas.
«Es una restricción sin sentido, porque se demostró en el gobierno anterior que los libros no tienen plomo en tinta porque hace más de una década que la tinta se hace sin plomo», le dijo al diario La Nación Martín Gremmelspacher, presidente de la Cámara del Libro al respecto de la Resolución.
Por su parte, la presidenta de la Fundación El Libro, María Teresa Carbano, opinó en Infobae: “Creo que protege a la producción nacional y a las imprentas argentinas. Detrás de esto estuvo fuertemente la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA) desde que asumió (el presidente) Alberto Fernández. Yo opino que beneficia a las imprentas argentinas y no atenta contra la bibliodiversidad”.
La medida empezará a regir en 15 días y tiene vigencia de 1 año, hasta septiembre de 2021.
¿Cómo afectará a los lectores la Resolución 253/2020?
En realidad, es difícil vaticinar qué cambiará exactamente, pero podría significar un aumento en el precio de tapa de los ejemplares que provengan del exterior. Sin embargo, aquellos que compren libros por unidad (en Book Depository, por ejemplo), no estarán alcanzados por la normativa.
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